Las horas extra caen en picado entre abril y junio con la aplicación del registro horario.

La EPA registra un descenso del 31% en relación al segundo trimestre del año pasado mientras CC OO acusa a las empresas de llevar «una doble contabilidad» para sortear los controles de la Inspección y UGT asegura que la reforma no está teniendo incidencia.

Hace cuatro meses que entró en vigor el registro horario establecido por el Gobierno para obligar a las empresas a controlar la hora de entrada y de salida de sus trabajadores, pero los sindicatos aseguran que la normativa no ha servido para evitar el fraude, especialmente en los contratos a tiempo parcial. Las estadísticas del INE muestran un vertiginoso descenso de las horas que declaran los trabajadores.

Las horas extraordinarias que hacen los trabajadores de la Región han caído en picado en el segundo trimestre del año, coincidiendo con la entrada en vigor del registro horario que es obligatorio en las empresas desde el 12 de mayo. Según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre abril y junio se han trabajado casi 85.000 horas semanales menos que en el segundo trimestre de 2018, lo que supone un descenso del 31%. La reducción resulta mucho más acusada si la cifra se compara con la del primer trimestre de este año, dado que el número de horas añadidas a la jornada laboral ha caído un 45%.

El registro horario está concebido como una forma de obligar a las empresas a contabilizar el número de horas que hace cada uno de sus empleados, con el fin de determinar la jornada real que la plantilla cumple diariamente.

El establecimiento de un sistema de control en las empresas era una antigua reivindicación de los sindicatos, que esperaban reducir así el número de horas trabajadas que no llegan a ser remuneradas. Su aplicación ha suscitado un intenso debate, dado que cada centro de trabajo presenta unas circunstancias diferentes que obligan a buscar un mecanismo específico para el personal que realiza su actividad fuera de la empresa.

El decreto aprobado por el Gobierno el pasado 8 de marzo deja libertad a las compañías para negociar con los representantes de los trabajadores qué sistema implantar, aunque los sindicatos se quejan de que la normativa en vigor no está dando un resultado satisfactorio.

Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Santiago Navarro y Antonio Jiménez, respectivamente, confiaban en que el establecimiento de mecanismos de control evitaría el fraude en las horas extras que los trabajadores no llegan a cobrar y, sobre todo, impediría el abuso de la contratación a tiempo parcial en empleos que acaban superando incluso la duración de una jornada a tiempo completo.

Los únicos datos disponibles en este momento para saber qué incidencia ha podido tener la regulación en vigor en las empresas son los recogidos por el INE en la Encuesta de Población Activa (EPA), que muestran un resultado desconcertante.

Las cifras ofrecidas por el INE a La Opinión indican que entre abril y junio de 2019 se ha producido un descenso del 30,8% en el número de horas extraordinarias realizadas por los trabajadores de la Región en comparación con el segundo trimestre del año anterior.

Los trabajadores encuestados declaran haber realizado 190.600 horas extra semanales (remuneradas y no remuneradas), frente a las 275.000 del segundo trimestre del pasado año. Esto supone que los asalariados murcianos han trabajado 85.000 horas menos a la semana que en 2018.

El dato resulta especialmente llamativo teniendo en cuenta que el segundo trimestre registra una actividad muy superior a la del resto del año en el sector servicios y en la agricultura, que queda patente en el número de contratos firmados durante los meses en los que coinciden las campañas de recolección del campo con las celebraciones que obligan a aumentar el empleo en la hostelería.

Así, en mayo se firmaron en la Región 127.489 contratos laborales, un 4,5% más que en el mismo mes de 2018. En junio se contabilizaron 105.856.

Las cifras de horas extras del segundo trimestre resultan más sorprendentes si se comparan con las del primero. Entre enero y marzo de este año los trabajadores murcianos han realizado 314.900 horas extraordinarias semanales, lo que supone casi el doble que en el periodo comprendido entre abril y junio, en el que ya estaba en vigor el control horario.

La diferencia se traduce en 124.300 horas más a la semana en los primeros tres meses de 2019.

Según el informe sobre las horas extras remuneradas que dio a conocer Randstad el pasado mes de agosto, la cifra anual que llegan a cobrar los asalariados murcianos se ha situado por encima de los cuatro millones desde 2015, cuando empezó a materializarse la recuperación económica, pero en 2018 se quedó en 3.997.800, un 0,3% menos que el año anterior.

El máximo después de la crisis se alcanzó en 2016, con 4.343.490 horas anuales, cifra que ha venido bajando desde entonces.

Según los datos del INE, los trabajadores murcianos han realizado en el segundo trimestre de este año una media de 7,5 horas extraordinarias, mientras que la media de todo el año 2018 alcanzó las 7,8.

El secretario general de CC OO señala especialmente al sector de la hostería y ha anunciado que este mismo miércoles le planteó al director territorial de la Inspección de Trabajo, Diego Martínez Rafecas, durante la entrevista que ambos mantuvieron la necesidad de aplicar mayores controles en las empresas que utilizan el contrato a tiempo parcial.

Por su parte, el secretario general de UGT, Antonio Jiménez, destaca que el registro horario tiene una gran relevancia «en la economía sumergida», pero no se está aplicando de forma efectiva ni «está teniendo la incidencia» que debería. Antonio Jiménez pide a la Inspección «que actúe en consecuencia», aunque recuerda que Trabajo había dado un margen de varios meses antes de empezar a poner sanciones a las empresas que no dispongan de los registros.

Avanzó que UGT va a llevar la regulación del control horario a todos los convenios colectivos para obligar a las empresas a cumplir y establecer sistemas de control. Considera igualmente que el Gobierno debe aumentar la penalización a las que superen el cómputo anual de horas permitidas.

 

Fuente: La Opinión